El fallo en cuestión suspendió cautelarmente, por dos años, el Resolutorio del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (22/16), con el fundamento de no haberse celebrado una Audiencia Pública previa a su vigencia, con lo cual el Juzgado ha entendido que deben suspenderse los efectos provenientes de la aplicación del mismo.

JNFNet se comunicó con OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) quien rige sobre estos temas en las entidades cooperativas y aún "oficialmente" no saben nada y aún siguen aplicando el cuadro tarifario con la suba.

En tanto la Cooperativa Eléctrica de Juan N. Fernández, como las demás de la provincia, ya han abonado el consumo con esa misma tarifa (con el aumento).

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) seguirá reclamándoles a sus usuarios el pago de las tarifas ya emitidas con aumento.
Así lo hizo saber su encargado de Relaciones Institucionales, Oscar Caballero, quien aseguró que hasta hoy la compañía no había recibido ninguna notificación oficial de parte del juzgado a cargo del juez platense Luis Federico Arias, quien ordenó que las empresas eléctricas no apliquen el aumento y emitan nuevas facturas con los valores anteriores al tarifazo.
“La medida sólo la conocemos a través de los medios de comunicación”, le dijo Caballero a la prensa, señalando además que EDEA, junto a otras distribuidoras del servicio y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires apelarán el fallo.
“Estamos aplicando las tarifas desde el pasado 26 de febrero y lo seguiremos haciendo”, señaló, explicando que esa es la respuesta que por el momento se les brinda a los usuarios que acuden a realizar consultas a sus oficinas.
“Hay que entender que estamos aplicando un cuadro tarifario y que seguiremos aplicándolo hasta tanto haya una medida firme desde la Justicia”, sostuvo.
Caballero explicó que EDEA objetará el fallo de Arias planteando que la modificación de los valores del servicio de energía eléctrica en la provincia no deben ser considerados en una audiencia pública, tal como como lo exigió el juez.
“Lo que ocurre es que en el contrato de concesión y en el marco normativo eléctrico provincial no se hace referencia a ello. No es una condición obligatoria, por lo que esta medida va a quedar sin efecto”, anticipó Caballero.